Por Jaime Clara Los uruguayos saldremos masivamente a visitar lugares, muchas veces, sin tener claro qué implica ese patrimonio y cómo se debe preservar. Cómo debemos preservarlo cada uno de nosotros, habitantes de este país.
Por eso quiero aprovechar para reflexionar sobre el maltrato al que se ha sometido a parte del patrimonio artístico del país. Desde el enchastre sistemático contra edificios como el Instituto de Profesores Artigas (IPA, en la Av. del Libertador), o la Biblioteca Nacional o la Universidad de la República. Y no es cierto que nadie se haga responsable, muchos de los afiches y pintadas están firmados por organizaciones o diferentes colectivos, como ahora se les denomina. Lo que hay es desidia a la hora de los controles contra edificios que forman parte del acervo arquitectónico de la ciudad.
O pensemos en lo que ha caído el Parque de las Esculturas del Edificio Libertad, que si se mantiene más o menos en forma es gracias al esfuerzo individual de una persona que lo cuida, sin que nadie se lo pidiera.
Sin ir más lejos, veamos lo que ha pasado con los cuadros y con parte del acervo pictórico que está distribuido anárquicamente en oficinas del Estado.
En una entrevista realizada el año pasado, por el semanario Brecha, el entonces director del Museo Blanes, Gabriel Peluffo, dijo claramente que “el préstamo de obra para decorar oficinas es un vicio bastante viejo y siniestro. Los funcionarios y jerarcas siempre creyeron que podían pedir cuadros al museo como si fuera un bazar.”
Obras de grandes o pequeños artistas –este tema no está en discusión- que son propiedad del Estado, de la administración pública, decoran los despachos de diputados, senadores, dependencias oficiales de las más variadas, ninguna de las cuales –sin excepción me animo a aventurar- tiene las condiciones mínimas de conservación que cualquier obra de arte requiere. Es decir que esos cuadros, que pueden ser un Figari de decenas de miles de dólares, como el que se robaron del despacho de la Intendenta de Montevideo y todavía nada se sabe, o un Cúneo o de un simple desconocido, están deteriorándose por estar en el lugar inadecuado, por la luz, por la humedad, por el polvo, por las condiciones generales de su exhibición.
Nos consta que las autoridades, ya sea por denuncias de ediles (Edison Casulo del Partido Nacional ha realizado la mayoría), o por toma de conciencia a prepo, han puesto manos a la obra para solucionar la cantidad de situaciones irregulares que hay, tanto en Montevideo como en el interior del país.
Pero esta situación nos lleva a realizarnos algunas preguntas. ¿Es el despacho de un jerarca municipal o de un legislador el lugar para que haya obras que pertenecen a todos los uruguayos? ¿Por qué se priva a estudiantes, académicos o simples ciudadanos o turistas a ver esas obras? ¿Quién se hace responsable de esa obra? ¿Qué funcionario es el responsable de su conservación? Si la obra es agredida, hurtada o dañada, ¿alguien paga por ello? ¿Quién controla?
Está claro que el lugar para que estén las obras de arte son los museos o los lugares especialmente adecuados para su exhibición, con personal capacitado para su cuidado. Hasta ahora poco se había hecho. El director del Museo Nacional de Artes Visuales, Enrique Aguerre y el Director de la Comisión de Patrimonio, Alberto Quintela, asumieron con seriedad y compromiso el tema y están trabajando en la confección de un inventario de qué es lo que hay y por dónde está repartido.
El Estado invierte dinero y esfuerzos para formar profesionales en la conservación de obras de arte. Esto debe tenerse en cuenta para que este tema se encause definitivamente. La Ley de Museos apunta a eso. A tal punto estaba todo patas para arriba, que una anécdota contada por Peluffo, en la ya citada entrevista en Brecha, lo demuestra. “Cuando llegué al Blanes la mayoría de los funcionarios de sala tenían algún problema físico, iban a dar ahí por tratarse de un trabajo descansado, no exigente, no porque tuvieran formación. No se entendía que tuvieran que tenerla. La gran carencia de personal no es tanto de cantidad, sino de calidad”.
En los últimos días, la Intendencia de Montevideo informó que hará la denuncia penal ante el robo –probado en caso del Figari del despacho de Olivera- y del faltante en otros casos de varias obras. Esa denuncia no exime de responsabilidad a quienes son custodios de esas obras. No alcanza con lavar la conciencia ante el Poder Judicial, sino que hay que públicamente asumir que se hicieron mal las cosas.
El cuidado y la preservación del patrimonio del país no sólo dependen de las autoridades, sino que debe ser un compromiso de todos, pese a que esto suene a frase hecha. Las autoridades son responsables, en tanto administran los recursos del país y deben asumirlas ante la opinión pública
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